SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Introducción:

El Colegio de Oficiales interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal Supremo contra determinadas disposiciones del Real Decreto 2062/1999, de 30 de Diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.

Según el Colegio de Oficiales, este Decreto, en particular su artículo 8, apartado 3, vulnera los intereses colectivos de los oficiales de la marina mercante española y es contrario al artículo 77 de la Ley 27/1992 y a la Disposición Adicional decimoquinta de esta Ley al reconocer a los nacionales de otros Estados miembros la posibilidad de ejercer el mando de determinados buques españoles.

3. En tanto la Comisión Europea no apruebe el reconocimiento solicitado, la Dirección General de la Marina Mercante no podrá reconocer los títulos expedidos por el tercer país.

Articulo 8, apartado 3

El Tribunal Supremo, después de constatar que los capitanes y primeros oficiales de los buques mercantes desempeñan ocasionalmente funciones públicas relacionadas con facultades de policía o que en España se reservan habitualmente
a funcionarios, se plantea si el hecho de que un Estado miembro reserve tales empleos a sus nacionales es compatible con el artículo 39 CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Según dicho órgano jurisdiccional, si tal medida debe considerarse compatible con el Derecho comunitario, el artículo 77, apartado 2, de la Ley 27/1992 (Disposición derogada), la Disposición Adicional decimoquinta de esta Ley y el artículo 8, apartado 2, del Real Decreto 2062/1999, que reservan a los nacionales españoles los empleos de capitán y primer oficial de los buques mercantes que naveguen bajo pabellón
español deben considerarse lícitos. Con mayor razón, por tanto, lo será también el artículo 8, apartado 3, del Real Decreto 2062/1999, que abre a los nacionales de otros Estados miembros el acceso a los empleos de capitán y primer oficial en
determinadas condiciones y respecto a determinados buques de la marina mercante española.

2. El Capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, salvo en los supuestos en que se establezca por la Administración marítima que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar el ejercicio efectivo de forma habitual de prerrogativas de poder público que no representen una parte muy reducida de sus actividades. El resto de la dotación, en el caso de buques mercantes, deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, al menos en su 50 por ciento.

Apartado 2 del artículo 77 redactado por el número uno del artículo 23 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Articulo 77, apartado 2, de la ley 27/1992

Seis. De las dotaciones de los buques.

La dotación de los buques inscritos en el Registro especial deberá reunir las siguientes características:

a) Nacionalidad: El Capitán y el primer Oficial de los buques deberán tener, en todo caso, la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, salvo en los supuestos en que se establezca, por la Administración Marítima, que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar el ejercicio efectivo de forma habitual de prerrogativas de poder público que no representen una parte muy reducida de sus actividades.El resto de la dotación deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo al menos, en su 50 por ciento.

No obstante lo anterior, cuando no haya disponibilidad de tripulantes de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, cuando medien razones de viabilidad económica del servicio de transporte, o por cualquier otra causa que pudiera tener una incidencia fundamental en la existencia del servicio, el Ministerio de Fomento podrá autorizar a las Empresas solicitantes el empleo de tripulantes no nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en proporción superior a la expresada anteriormente, siempre que quede garantizada la seguridad del buque y la navegación, teniendo en cuenta las formalidades establecidas en la normativa española vigente en materia de extranjería e inmigración.

Letra a) del apartado seis de la disposición adicional decimoquinta redactada por el número dos del artículo 23 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Disposición Adicional decimoquinta

El Tribunal Supremo observa, a este respecto, que una excepción a la medida que reserva los empleos de capitán y primer oficial a los nacionales del Estado de pabellón como la prevista en el artículo 8, apartado 3, del Real Decreto 2062/1999 puede justificarse por las escasas ocasiones que tienen los capitanes y primeros oficiales de ejercer efectivamente las funciones públicas que les han
atribuido cuando están destinados en buques de pequeño tamaño que apenas se alejan de la costa.

Por otra parte, en el caso de que los Estados miembros no puedan mantener una medida que reserva los empleos de capitán y primer oficial en buques que enarbolen su pabellón a sus nacionales y estén obligados a permitir el acceso de los nacionales de otros Estados miembros, en determinadas circunstancias, a estos empleos, el Tribunal Supremo se pregunta si puede subordinarse esta posibilidad, de conformidad con el Derecho comunitario, a una condición de reciprocidad, tal como está previsto en el artículo 8, apartado 3, del Real Decreto 2062/1999.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 – Acceso a la sentencia completa

Conclusiones de la abogado Sra. Christine Stix_Hackl presentadas el 12 de Junio de 2003